🦗GRILLANDOANDO🦗

Por David Saucedo

1. El Gobierno de los Estados Unidos no tiene pruebas sobre la presunta e “intolerable” alianza de los cárteles de la droga con el actual gobierno de México. Es imposible que a unos cuantos días de haber tomado posesión como presidente de los Estados Unidos Donald Trump tenga pruebas para armar un caso consistente, con datos irrefutables, sobre una posible relación orgánica del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva Generación o de la Familia Michoacana (los tres grandes grupos de macrocriminalidad que operan en ambos lados de la frontera) con los integrantes del gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum. Trump lo sabe y por eso matiza su afirmación diciendo en su comunicado que el gobierno de México solamente ha proporcionado “refugio seguro” para que los narcotraficantes fabriquen y transporten drogas ilícitas hacia los Estados Unidos.
2. Aterrizando estos señalamientos con los personajes de carne y hueso de una hipotética alianza narco-política en México, en estos momentos, luego de las capturas y extradiciones de Ovidio Guzmán y El Mayo Zambada, no se ve viable que la cúpula del Cártel de Sinaloa pueda llegar a algún acuerdo con el gobierno de Sheinbaum. Sencillamente no hay las condiciones para que algunas de las facciones del CDS se sienten en la mesa con emisarios del gobierno. Lo mismo sucede en el caso de Nemesio Oceguera, alias el Mencho, líder del CJNG, que en varias ocasiones ha querido “neutralizar” a Omar García Harfuch, zar en materia de seguridad del actual gobierno federal. “El Fresa” y “El Pez”, líderes de la familia Michoacana, tampoco podrían pactar esquemas de protección y/o colaboración con la élite política, militar o policial del gobierno mexicano debido a los excesos que los hermanos Hurtado Olascoaga han cometido en varias plazas de su vasto narcoimperio. Simple y sencillamente quemaron sus naves.
3. Por otro lado, la mayoría de los mandos medios y superiores encargados del combate al crimen organizado entraron en funciones hace apenas 4 meses. Aceptando sin conceder que varios o la mayoría de ellos sean proclives a una sinergia criminal, ésta no se ha concretado por la más elemental de las razones: no han tenido tiempo suficiente para ello.
4. Jorge Romero y la dirigencia del Partido Acción Nacional se equivocan al hacerle el juego a Donald Trump y aceptar sin cortapisas las acusaciones que este lanzó en contra del Gobierno de México. No podrán hacer árbol leña del árbol caído porque no hay hacha (las acusaciones de Trump son muy endebles), el árbol sigue en pie (el gobierno Sheinbaum decidió dar la batalla) y el leñador está ocupado tratando de cortar otros árboles del bosque (Trump también impondrá aranceles en contra de Canadá, China y la Unión Europea). Las famosas pruebas de que en México tenemos un “narcobierno” nunca llegarán y el PAN no podrá sacar raja política de esta coyuntura.
5. La pelea con los narcotraficantes mexicanos es en realidad un caballo de Troya de Donald Trump para obtener ventajas en materia comercial y migratoria. El presidente de los Estados Unidos sigue en campaña. Quiere mantener e incrementar su base social de apoyo, usando los ejes temáticos y banderas que enarboló en el proceso electoral en el que salió victorioso. Como en otras ocasiones Trump utiliza la política exterior para fortalecerse en el frente interno. Una jugada de pizarrón que la ha funcionado en el pasado.
6. Además, tal y como lo mencionó en el boletín de prensa en el que anunció la imposición de aranceles a México y Canadá, Trump reconoce que su verdadero objetivo es reducir el déficit comercial que los Estados Unidos vienen arrastrando desde hace tiempo. Con un exceso de franqueza y arrogancia admite que la amenaza de los aranceles sirvió para imponer sus condiciones en la negociación fast track que cerró la semana pasada con Gustavo Petro, presidente de Colombia.
7. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo lo correcto al no aceptar las exigencias del presidente de los Estados Unidos. En México ya sabemos lo que significa ceder frente a las presiones de Donald Trump. En su momento el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó que México fuera tercer país seguro. Recibió en la franja fronteriza a migrantes de otras nacionalidades que eran expulsados de los Estados Unidos a cambio de nada. También utilizó a una tercera parte de los elementos de la Guardia Nacional para que desempeñaran funciones de policía migratoria e impidieran el tránsito de las caravanas de migrantes de centro y Sudamérica que iban en busca del sueño americano. En aquella coyuntura Trump amenazó a AMLO y a Ebrard con imponerles aranceles al acero y a otros productos mexicanos que se exportaban a los Estados Unidos. Ambos aceptaron el chantaje de Trump sin negociar transferencias de recursos de los Estados Unidos a México para atender a los migrantes en la frontera.
8. Sabedor de que no podrá frenar de manera sustantiva el consumo de drogas ilícitas en los Estados Unidos y tampoco el consumo de fentanilo en las ciudades en las que hay un incremento de muertes por la ingesta de dicha sustancia, Trump busca un quid pro quo. Pero no le interesa incrementar los decomisos de droga, ni la extradición de narcos de alto perfil o la captura de los delincuentes más buscados de la lista de la DEA. Lo que Trump quiere es que México nuevamente sea tercer país seguro, tener 28 mil soldados mexicanos “gratis” que estén custodiando la frontera para frenar la migración ilegal, reducir el déficit comercial e imponer sus condiciones en la renegociación del TEMEC.
9. ¿Qué posibilidades tiene México de derrotar a los Estados Unidos en una guerra comercial? Ninguna. En términos futbolísticos no enfrentar a Trump implica dejar el marcador 4-0. Pero dar la pelea puede dejar el marcador 4-2, es decir, obtener algunas concesiones para México en una negociación en la que se incorporen temas de su propia agenda nacional.
10. Al mismo tiempo es importante mostrarle a Trump que pelear con México tiene un costo: aranceles espejo, permitir que China participe en licitaciones de ferrocarriles (empezar a jugar la “carta china”), arrebatarle el voto latino en Estados Unidos, etc. En el futuro Trump tendría que decidir si está dispuesto a pagarlo. En México, por regla general, nos gusta más el mal arreglo, al buen pleito. Con Trump hay que empezar a aplicar psicología inversa.

Palabras Libres

Por: Ara Morales

El término Constitución lo define la Real Academia Española como: “Ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que definen  el régimen de los derechos, libertades de los ciudadanos, y delimita los poderes e instituciones de la organización política”, también se le conoce como Carta Magna, Ley Fundamental, o Ley de Leyes.

El origen de la Constitución en la sociedad, lo encontramos en la Grecia Clásica que tuvo como convicción que la comunidad política se gobierna por Ley, todas las sociedades en el mundo, vivieron en una situación que los pensadores de la Gran Tradición de la Filosofía Política denominaron “Estado de Naturaleza o Estado Salvaje”,  donde la única Ley existente, era la Ley del más fuerte, y por lo tanto era una fase  en la  evolución de la sociedad humana en donde ni la propiedad, ni la seguridad,  ni la integridad, ni la libertad, ni la vida estaban garantizados en  términos de  lo que hoy conocemos como DERECHOS.

Aristóteles, fue quien desarrolló el concepto de Constitución, para él existían tres buenas formas de gobierno:  1.- la monarquía que es el gobierno de un solo hombre, 2.- la aristocracia, gobierno de los mejores y 3.- democracia moderada, gobierno de muchos, su degradación daría lugar respectivamente a la   tiranía, a la oligarquía (grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político) y democracia exagerada.

Para Aristóteles la mejor forma de gobierno es de la de Constitución, y “sería aquella que combinara elementos de las tres primeras, de tal manera que todos los ciudadanos tuvieran garantizados sus derechos y aceptaran sus responsabilidades en favor del bien común”. 

La sociedad se dio cuenta que si no se organizaba, simple e inevitablemente habría caos, anarquía, y en el peor de los casos, guerra civil en la búsqueda de una solución social a lo antes mencionado. Se llega a la construcción del Estado, y a la idea del contrato social, es decir, a la renuncia de todos los miembros de la comunidad al ejercicio individual de la violencia, y del uso de la fuerza. Entonces se asume por voluntad la construcción del Estado: un ente que concentra el poder de todos los individuos, y que funciona como una especie de árbitro para la protección de todos. Es decir, el individuo le da el poder al Estado, el individuo  renuncia al  ejercicio primitivo de su libertad, al ejercicio de su violencia, de su fuerza, y el Estado  le da a cambio seguridad, le garantiza sus derechos; el Estado se responsabiliza de organizar la convivencia de la comunidad, y por supuesto que con el surgimiento del Estado surge la necesidad de establecer  normas, leyes, reglamentos e instituciones  que sean las pautas de regulación de la convivencia  administrada por el Estado.

La Constitución como toda Ley, se puede definir desde el punto de vista material y formal: desde el punto de vista material, la Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal; desde el punto de vista formal, la Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adopción, derivándose su supremacía sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico de una determinada sociedad.

En el contexto de las revoluciones burguesas de la edad moderna, un texto ha sido retrospectivamente calificado como Constitución, es la “Ley Perpetua del Reino de Castilla” que intentaron promulgar los comuneros de la Junta de Ávila en 1520. Sin embargo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa del 26 de Agosto de 1789, que es el documento precursor de los Derechos Humanos, menciona explícitamente en su artículo 16 el concepto de Constitución: “una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada no tiene Constitución”.  

Los fundamentos teóricos del Constitucionalismo se desarrollaron sobre las teorías del Contrato Social en los siglos XVII y XVIII, con Thomas Hobbes, John Locke, Charles-Louis de Secondat Barón de Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau. Estas teorías originaron la doctrina liberal contraria al absolutismo; la doctrina liberal propuso cambios en la forma de gobierno y defendió los derechos políticos de los ciudadanos, el establecimiento de reglas, de racionalizar el poder, de un régimen de contrapesos prácticamente en contraposición a lo que derivaba de la monarquía para evitar que los poderes se concentraran en una sola persona, de ahí la importancia del trabajo de John Locke que luego llevaron al Barón de Montesquieu al tema de la separación de poderes.

En el Contrato Social, los individuos serían la libertad absoluta que caracteriza a el Estado de naturaleza para poder contar con la seguridad que proporcionaba un gobierno soberano aceptado, para Thomas Hobbes, la soberanía debería concentrarse en un solo individuo, mientras que para Juan Jacobo Rousseau  lo remitía a la voluntad general. John Locke estableció la división de poderes dentro del gobierno, y fue quien mayor influencia tuvo en la Declaración de Independencia (1776),  en la Constitución de los Estados Unidos de América (1787), y en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia (1789).  

La experiencia Constitucional de Francia, Inglaterra y Estados Unidos fue decisiva para el desarrollo del pensamiento liberal en el Siglo XIX, durante el cual, se promulgaron constituciones en la mayoría de los países europeos y americanos.

En el siglo XVIII, hubo grandes luchas de poder entre las naciones europeas. Los conflictos fueron cada vez más globalizados porque se luchaba por territorios extranjeros. La Revolución Francesa, y las Guerras Napoleónicas ocurrieron a fines del siglo XVIII, y principios del siglo XIX. En 1805, se hizo cada vez más difícil para España atravesar el Atlántico, y en 1806 y 1807, Inglaterra intentó quitarle el puerto de Buenos Aires a España.

En 1807, las tropas de Napoleón ingresaron a la Península Ibérica. Inicialmente, España era aliado de Francia y Napoleón buscó la cooperación de España en la invasión de Portugal. La monarquía española cooperó debido al bloqueo británico de Buenos Aires, y porque esperaba asegurar el sur de Portugal para sí misma. Sin embargo, Napoleón traicionó a España y las tropas francesas se trasladaron al territorio español.

En 1808, el rey borbón Fernando VII se convirtió en rey de España, pero posteriormente Napoleón lo expulsó, provocando una crisis que repercutió en todo el imperio español. El rey Fernando VII y su padre aceptaron una invitación de Napoleón para resolver el asunto diplomáticamente, pero se vieron obligados a renunciar a sus cargos, y aceptar a la familia Bonaparte como reemplazantes en el trono español. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, fue el primer rey Bonaparte de España y ocupó la corona española hasta 1813 como José I.

Mientras tanto, Fernando VII y su padre fueron mantenidos prisioneros en Francia, esto causó una crisis de poder en todo el imperio español. Con respecto a la abdicación de la familia real española, “encontró con una seria oposición en algunos sectores de España, desencadenando una crisis constitucional de proporciones inauditas. Las Abdicaciones Reales fueron el verdadero punto de inflexión para la monarquía hispana”.

La eliminación del rey legítimo -Fernando VII- socavó los cimientos del sistema monárquico, y repercutió en todo el mundo hispano. Altos oficiales militares españoles mantuvieron su lealtad a la Corona, y aceptaron a José Bonaparte como el nuevo monarca. Por ello, hubo poca resistencia a los franceses de los altos oficiales militares al mando. La resistencia que surgió fue, más bien, de los campesinos y de la clase media. El 2 de mayo de 1808, los madrileños se rebelaron contra la ocupación francesa, pero fueron anulados y muchos fueron asesinados.

Entonces los españoles patriotas se desplazaron al sur de España, y comenzaron la guerra de la Independencia española, que derrotaría a los ejércitos franceses en la batalla de Bailén. En respuesta al vacío de autoridad se constituyeron las Cortes de Cádiz en 1810. Estas cortes se proclamaron soberanas, reconocieron a Fernando VII como legítimo rey de España, y anularon su renuncia a la Corona y establecieron la Constitución Española de Cádiz, lo que provocó limitar el poder de la monarquía, la abolición del feudalismo, la igualdad entre peninsulares y americanos, y finalizó la Inquisición española.

En 1812  Napoleón contraatacó, y con su Gran Armada restableció la autoridad de su hermano José Bonaparte. Los enfrentamientos continuaron, ahora con la aparición de la «guerra de guerrillas»  sufrieron los ejércitos franceses una cantidad considerable y constante de bajas. La intervención inglesa en la España Peninsular, junto con los ejércitos portugueses y españoles, contribuyó a la expulsión de los franceses. Fernando VII recuperó el trono, disolvió las Cortes españolas, reprimió el liberalismo y tuvo que enfrentarse con la independencia de los virreinatos, entre ellos el de nuestro país: en México comenzaría a gestarse las simientes de su propia Constitución.

AL FINAL.

REFORMAS CONSTITUCIONALES. El 5 de febrero del 2024, en el 107 aniversario de la Constitución Política de 1917, se presentó un paquete de 20 iniciativas constitucionales, que serán discutidas en la Cámara de Diputados a través de parlamentos abiertos y foros ciudadanos. La Cuarta transformación transita por la vía pacífica y democrática.

Por Juan Miguel Ramírez Sánchez

Celaya, Gto.- No solo los adultos y jóvenes son asesinados en Guanajuato y sus municipios,

sino también son asesinados nuestras niñas, niños y adolescentes. Estos

asesinatos como los otros homicidios, la inmensa mayoría se quedan impunes. La

tranquilidad de las niñas, niños y adolescentes del estado de Guanajuato ha sido

violentada.

Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), las tasas de

impunidad de asesinatos de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato es del

95%, por ejemplo, de cada 100 carpetas alcanzan algún tipo de proceso o

sentencia de no más del 5%. De acuerdo con los reportes de la Secretaría de

Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se reveló que en 2023 hubo 752

asesinatos de menores de edad en el país, y el estado de Guanajuato ocupa los

primeros lugares en homicidio doloso desde el 2018.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

(SESNSP) nos dice que los homicidios dolosos (por disparo de arma de fuego)

entre la población de 0 a 17 años fueron 136, en 2021; para el 2022

aumentó a 140; y en lo que respecta al periodo de enero a noviembre del 2023

Fueron 107 homicidios dolosos.

Aunque los homicidios –indeterminados: dolosos o culposos- en personas de 0 a

17 años fueron 249 en 2021; para el 2022, aumentó a 251, por lo que

Guanajuato ocupó el segundo sitio a nivel nacional con mayor cantidad de

víctimas entre esta población; y en lo que corresponde de enero a noviembre del 2023,  se tiene el registro de 195 decesos, poniéndola en primer lugar.

Viendo las estadísticas anteriores Guanajuato es el estado más letal para los

infantes y subrayan la vulnerabilidad de los menores en el estado, convirtiéndose

en una de las entidades federativas donde hay más homicidios dolosos de niñas,

niños y adolescentes 

La directora ejecutiva de REDIM Tania Ramírez Hernández aseguró “para el caso

de Guanajuato desde hace algún tiempo hemos estado alertando sobre la

necesidad de observar las estrategias de seguridad que se están dando en

general en el país”…“desde hace tiempo Guanajuato lidera la mortalidad infantil de

forma preocupante, sin que se realice un análisis diferenciado de la estrategia de

seguridad. 

El municipio de Celaya desde el año de 2018, hasta principios de 2024, se

encuentra entre los primeros municipios del estado de Guanajuato con más

homicidios de menores de edad.

En este año de elecciones ante estos hechos y otros, se necesita una actitud de

participación para conocer las propuestas de los partidos políticos, de sus

candidatos y candidatas votar por el que nos haga una propuesta que pase por

mejorar las condiciones de vida sociales, económicas, que sean la base para la

solución de la inseguridad y que cese la muerte de los niños, niñas, y

adolescentes, como las de los cientos de muertes que año con año vemos en las

estadísticas del INEGI.

Es necesaria implementar una estrategia, para en un proceso, acabar con esta

inseguridad que también asesina niñas, niños y adolescentes.