Doble o Nada

José Luis Ramírez

Algunos políticos han hecho del cinismo una especialización que va de tres años, a una vida detrás del escritorio y del micrófono. Da la impresión de que el cinismo es una conducta moral, y ética que no impacta, ni afecta la vida pública, pero no es así, de hecho, los servidores públicos, tienen una primere exigencia y obligatoriedad: cumplir con la ley fundamental, y todas las secundarias. El cinismo las elude, las omite, las retuerce, las revuelve para que en esa turbulencia puedan pescar a dos manos.

La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 108, señala que se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular… en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los organismos al servicio del Estado, y “serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.

Los Derechos humanos son obligatorios, no son una concesión personal de una gobernante, y deben ser la medula de cualquier otra ley, y del ejercicio de la administración y gobierno, en este caso, municipal. El derecho humano al agua potable es fundamental, imprescindible, y el señalamiento de su suministro es irrebatible, por una simple y contunden razón, es el origen, y el sustento de la vida humana.

Durante 4 años, de forma sistemática, en lo personal, y en la organización ciudadana en la que participo, hemos demandado que se ordene la gestión municipal del uso y suministro del agua bajo las condiciones que señala la Ley, es decir, que se entregue agua apta para consumo humano, de acuerdo a las Normas que obliga la SSA, a pesar de ello, se viola la Constitución, se retuercen los procedimientos, se omite el interés público, y se gasta el presupuesto en necedades, vanidades, negocios o en la entrega de “apoyos sociales” que a todas luces también violentan la Constitución, porque en los actos, se promociona a la persona que los entrega con fines electorales.

A todas luces resulta discriminatorio que la ciudad esté dividida en dos partes, la zona rural y la zona urbana con fines no necesariamente territoriales, sino para eludir responsabilidades,  y esto se demuestra en la forma de gestionar los servicios públicos; mientras en la zona rural, los empleados principales son los delegados, con los salarios mas bajos del tabulador de la zona urbana, pero además sin contar con el apoyo para enfrentar el rezago social y los servicios que demandan sus habitantes. El asunto del suministro de agua potable, que por obligación constitucional debe entregar el municipio, es uno de los asuntos reveladores del uso malicioso de instituciones.

Mientras que en las 65 comunidades rurales la gestión del agua la realizan los propios habitantes sin percibir un salario, y de manera autogestiva pagan los costos de administración, sin poseer las mínimas herramientas para detectar y cumplir con las normas que señala la NOM 127 de la SSA, ni tampoco cuentan con la infraestructura para el saneamiento de las agua residuales; por el lado urbano se creó JUMAPA para atender solamente la zona urbana, contando hasta el día de hoy con un presupuesto de mas de 600 millones de pesos, y una plantilla laboral cercana a los 500 empleados, dentro de los cuales, hay mas de 50 de primer nivel, y con excepcional trato. ¿Por qué después de decenas de años, no se ha ampliado la cobertura del agua potable a todo el municipio? ¿Por qué no se ha integrado a todos los celayenses a un sistema de beneficio de agua potable como lo señala la Constitución?

Le doy un dato, en la zona rural, existe la Coordinación de los Comités del agua potable, y está a cargo de la Secretaria del Ayuntamiento, que reitero, no entrega ni una herramienta, ni salarios, ni prestaciones, en síntesis, no aporta nada, a pesar de que el Reglamento obliga a que en el tema de salud, y como acto fundamental, debe garantizar la inocuidad del agua que reciben los habitantes. 

Como usted lo sabe, los habitantes de la zona urbana y de la zona rural ubicados al nororiente de la ciudad reciben agua contaminada por flúor y arsénico, en ambos casos no es atendido, violando otra vez el derecho humano a la salud y aun ambiente sano. 

Hace unos meses para conformar y actualizar datos, se solicitó a la Coordinación de los Comités del Agua, los resultados de los análisis organolépticos, físico, químicos y microbiológicos de los pozos de agua de San Miguel Octopan, Luis Donaldo Colosio, Galvánes, San Juan de la Vega, Tenería del Santuario, que debieron realizarse en los años 2019, 2020, 2021, 2022, y la respuesta (530/2022) dice: “la Dirección General de Desarrollo Social de Celaya, Guanajuato, realizó un criterio de búsqueda exhaustivo en tiempo, modo, lugar u ocasión y teniendo como resultado de dicha búsqueda la INEXISTENCIA DE LA MISMA”. 

Con relación al Pozo y la Planta Potabilizadora la Herradura, que hemos señalado de manera reiterada, que funciona de manera parcial, filtrando agua con flúor, se le solicitó a JUMAPA los análisis del agua  -oficio 0435/DJ-INT/2022-, de los años 2015 al 2022, y responde: le informamos que el Pozo y la Planta Potabilizadora La Herradura se encuentran fuera de operación”.

Al respecto, la Ley mas allá del juicio moral, señala que “la y el servidor público deben conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeña… es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones. Los derechos esenciales con respecto al AGUA y la salud los incumplen y no pasa nada. Hay un Ayuntamiento omiso, sin vida, y sin compromiso social, simulando gobernar y administrar.

Entendemos que no les gusta la observación y la evaluación ciudadana pero la Ley lo establece, “para el servidor público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad”. Este Ayuntamiento en su letargo, solo vive para cobrar su quincena, y sin capacidad de pensar un cambio real con respecto a lo que vivíamos en otras administraciones. No puede, y no quiere trabajar para los celayenses, sigue la línea recta que le heredaron.

Confiar en la voluntad de estos servidores públicos, algunos ya inventariados en la nómina municipal, sería pecar de ingenuidad, pero confiar y apostarle al cumplimiento de la Ley es fundamental, por eso, en los próximos días en COPLADEM se aprobarán las obras prioritarias para realizarse el próximo año, allí nuestros compañeros de Alianza ciudadana, seguirán insistiendo en la realización de obras para garantizar el derecho humano al agua potable. Esa y otras tribunas se abren para la búsqueda de la equidad, la justicia, y para poner fin a la simulación política. 

Revolcadero.

El ciudadano presidente Mendoza Márquez, anunció la precariedad de su salud como un lamento, tiene cáncer de próstata desde hace años, desde luego se le desea que recupere su salud en su casa, como debe ser.