José Luis Ramírez

Hay victimas que no aparecen en las estadísticas y las encuestas, las victimas del engaño y las promesas de justicia gubernamentales.

En este año el INEGI presentó la edición 2022 de la Encuesta Nacional de Victimización, y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE midió los delitos que afectaron de manera directa a las víctimas, o a los hogares durante el 2021. Los datos son fríos, la interpretación de ellos, nos pone con los pies en la tierra.

La encuesta señala la “Tasa de víctimas de delito por cada 100 000 habitantes”, y es un seguimiento anual desde el 2011, hasta el 2021. Para contrastar el pasado y el presente, tomaré esas dos fechas: en el 2011, el 29.2% de los hogares guanajuatenses, tuvo al menos una víctima de delito, pero en el 2021, el porcentaje fue de 30.2%, es decir, a diez años la variación es de 1%, aumentó. Estamos hablando de 505 645 hogares víctimas, de un total de 1 674 722 en el presente año.

En relación con lo anterior, se estima que la tasa delitos por cada 100 mil habitantes, en el 2011 fue de 26 705; en el 2021 fue de 29, 936, tuvo un crecimiento de 3,231 casos. Los delitos más frecuentes en el 2021 fueron: robo en calle, o transporte publico, 5516; fraude 4 692; robo total o parcial de vehículo 3 783; amenazas verbales 2779: otros delitos 2 724; robo en casa habitación 2351; lesiones, 1527; otros robos, 851.

Se estima que la EXTORSION en el estado de Guanajuato en el 2011 fue de 5710 casos por cada 100 mil habitantes, y en el 2021, fue de 5713, con un crecimiento de 13 casos. Es decir, a 10 años no hay disminución, y hubo picos donde creció hasta 8483 como en el 2018. En Celaya, creció desmesuradamente en este último año. En Guanajuato el 19.4 de ciudadanos, consideran la EXTORSIONES O COBRO DE PISO como una de las conductas delictivas mas visibles en su entorno.

De los 1 296 056 delitos estimados en el estado de Guanajuato (2021), en ellos 688 169 víctimas estuvieron presentes, y 123, 870 sufrió una agresión física. Para 60,324 de esas víctimas, el daño fue económico; para 34,064, fue emocional o psicológico; y finalmente para el resto, fue físico o laboral. No todo es un número, ni una cifra al aire.

La ENVIPE estima que, en el 2021, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 11 298.3 millones de pesos, de ello se destinaron 5 581.7 millones de pesos para instalar alarmas, contratar vigilancia en la calle o colonia, contratar seguros, adquirir armas de fuego, cambiarse de vivienda o lugar de residencia.

Un dato que debe ser valorado frente a los discursos triunfalistas, y no en pocas ocasiones mentirosos, es la CIFRA NEGRA, ésta se calcula como la razón de los delitos no denunciados, más los delitos denunciados sin carpeta de investigación, más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció, o se inició carpeta de investigación.

La Cifra Negra en el estado de Guanajuato se estimó en el 2012 en 94.3%, y en el 2021 en 94.5% de delitos cometidos. A 9 años, tenemos un crecimiento de 0.2% de la cifra negra, entre un año y otro, prácticamente no ha cambiado.

En el año 2021 las estimaciones de la cifra negra se proyectaron sobre 1millon 296 056 delitos, de ese total, se denunció el 8.3%, que equivalen a 107 572 denuncias, de ellas se abrieron 71,750 carpetas de investigación (el 66.7%). LOS RESULTADOS de la apertura de carpetas de investigación, son: en 50.8% (36,449) hubo NADA; en 26.6% está en trámite; 5.8% se recuperaron bienes; en 4.8% se puso el delincuente ante un juez; en el 3.2% se otorgó perdón; en 2.1% hubo reparación de daño. Tenemos una cifra -estimada- no denunciada de 1,188 484 delitos, que, aunado a los resultados de las denunciadas, nos ofrece un paraje de desolación jurídico.

Las razones para NO DENUNCIAR en su mayoría son por causas atribuibles a la autoridad, es decir, por miedo a la extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza por actitud hostil. Las otras causas, son por miedo al agresor, por delitos de poca importancia, o por no tener pruebas.

 La ENVIPE estima que, en el estado de Guanajuato, el 66.3% de los ciudadanos consideran LA INSEGURIDAD COMO EL PROBLEMA MAS IMPORTANTE, y entre otros el narcotráfico, y la FALTA DE CASTIGO A DELINCUENTES. En cuanto al nivel de confianza en autoridades a nivel estatal, la Fiscalía y MP tiene un 59.9%, policía estatal 59.2%, jueces 57.1%, policía municipal 52.6%, policía de tránsito 49.7%.

Por otro lado, sobre la percepción de corrupción respecto de las autoridades de seguridad y de justicia en el estado de Guanajuato, 74.2% de la población considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal con 68.1%, jueces 64.1%, policía estatal 58.8%, Fiscalía y MP 57.4%.

En esta radiografía de la violencia y la delincuencia estatal, desde luego que Celaya está presente con cifras muy altas. La EXTORSION para Celaya ha sido una las conductas mas corrosivas de la economía. El caso del arresto del “Patrón”, hijo de la regidora con licencia de Celaya, Cristina Villalobos, es un ejemplo de la estadística del deterioro social, político y judicial, fue vinculado a proceso penal, por los delitos de extorsión y asociación delictuosa, e internado en el Centro de Rehabilitación para Menores Infractores de Guanajuato, pero ha salido de la prisión luego de que un juez le impusiera medidas cautelares no privativas de libertad y la prohibición de salir del país.

Esto es un mensaje de lodo que arrastrará con la poca confianza en los encargados de nuestra seguridad, y en la procuración de justicia. Los números y los hechos que menciono nos dicen que estamos en el desamparo en este huracán de omisión de la ley, complicidad, corrupción e impunidad.

Revolcadero. Hijos vemos, protectores no sabemos.