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Apaseo el Alto

Realiza Alcaldesa siete cambios en direcciones y coordinaciones

Se trata de las direcciones de Desarrollo Rural, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Jurídico, Servicios Municipales, Ofíciala Mayor y la Procuraduría Auxiliar para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, los primeros cambios en el gabinete, donde se realizaron algunos enroques y en otros la sustitución de los titulares.

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Apaseo el Alto, Gto.- Atendiendo a las propias necesidades del municipio y a la dinámica de trabajo del Gobierno Municipal, Monserrat Mendoza Cano, realizó los primeros ajustes en 7 áreas medulares de la nueva administración 2024 – 2027.

Se trata de las direcciones de Desarrollo Rural, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Jurídico, Servicios Municipales, Ofíciala Mayor y la Procuraduría Auxiliar para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, los primeros cambios en el gabinete, donde se realizaron algunos enroques y en otros la sustitución de los titulares.

“Estos cambios obedecen a la propia dinámica de trabajo, donde detectamos capacidades y habilidades del personal que ya se encontraba laborando aquí y realizamos ajustes en estas 7 áreas para brindar una atención puntual a la población” explicó Mendoza Cano.

La alcaldesa mencionó que recientemente se realizó la presentación del gabinete ante el Ayuntamiento entrante, donde expusieron las actividades de cada uno, al frente de las diferentes áreas al servicio público, mientras que se valorará sí posteriormente se realizarán más cambios en los titulares.

Hasta el momento, aunado a estas modificaciones, fue nombrado el Consejo Directivo del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado conformado por:

Presidente: Martín Rosendo Mata Servín
Secretario: J. Tobías Arreguín Servín
Tesorero: Felipe Álvarez Mandujano
Vocal: Filiberto Arzate Patiño
Vocal: Juan Javier Girón García

Mientras que los directores y coordinadores quedaron de la siguiente manera:

Director de Desarrollo Rural
Antes: Griselda Servín Ochoa
Hora: Vicente Malagón Lara

Dirección Jurídica
Antes: María Dolores Jiménez Cervantes
Ahora: Juan Vicente Vélez Nápoles

Desarrollo Social
Antes: José Luis Paredes Tamayo (encargado de despacho)
Ahora: Rocío Sánchez Olvera

Desarrollo Urbano, Planeación y Ecología
Antes: Iván Malagón Ávila
Ahora: Omar Jair Cervantes González

Oficialía Mayor
Antes: J. Jesús Carbajal Ortiz
Ahora: José Luis Paredes Tamayo (encargado de despacho)

Servicios municipales
Antes: Filiberto Arzate
Ahora: J. Jesús Carbajal Ortiz

Procuraduría Auxiliar para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Antes: Argelia Bibiana Sanchez Reséndiz
Ahora: María Dolores Jiménez Cervantes

Abasolo

EN GUANAJUATO HAY SOBRE PRODUCCIÓN DE MAÍZ, PERO LOS PRODUCTORES NO CUENTAN CON PRECIO DE GARANTÍA.

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Por: Erasto Soto patiño

La fortaleza del campo guanajuatense se construye sobre el esfuerzo conjunto de hombres y mujeres que día a día trabajan en las zonas rurales del estado. En este contexto, es indispensable reconocer la labor que se realiza al pie del surco, especialmente en un momento crítico para la agricultura, cuya situación adversa ya resulta evidente para todos los actores del sector.

El sector agropecuario, estratégico por ser el principal proveedor de alimentos para millones de familias mexicanas, enfrenta actualmente una profunda crisis derivada de dos factores principales: la caída de los precios internacionales de los granos y la ausencia de esquemas eficaces de precios de garantía que brinden certidumbre económica frente a los elevados costos de producción.

Para ilustrar la gravedad de esta situación, tomemos como ejemplo el cultivo de maíz en Guanajuato. El costo promedio para producir una hectárea con un rendimiento de 9 toneladas asciende a aproximadamente $69,400.00 MXN. Sin embargo, con un precio de mercado de $6,000.00 MXN por tonelada, el ingreso total por hectárea sería de $54,000.00 MXN, lo que genera una pérdida directa de $15,400.00 MXN por hectárea. Bajo este esquema, el productor no sólo no alcanza el punto de equilibrio, sino que incurre en pérdidas significativas, situación que pone en riesgo su sostenibilidad económica y, por ende, la seguridad alimentaria regional y nacional.

Ante este panorama, se hace un llamado al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Guanajuato para que implementen medidas urgentes de apoyo, orientadas a proteger los ingresos de los productores y fortalecer las cadenas de suministro agroalimentario.

Cabe señalar que, recientemente, el Gobierno Federal anunció el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla (junio 2025), cuyo propósito principal es estabilizar el precio de la tortilla en México mediante una reducción estimada del 5% en un plazo de cinco meses. Este acuerdo incluye la revisión de la Norma Oficial Mexicana correspondiente y la convocatoria a mesas de trabajo con actores clave para establecer las bases de comercialización de la cosecha de maíz, particularmente en el estado de Sinaloa.

Es fundamental que este tipo de estrategias se amplíen y adapten a las condiciones de entidades como Guanajuato, donde el sector rural exige atención inmediata, políticas públicas integrales y acciones coordinadas que garanticen su viabilidad y desarrollo sostenible.

El pasado 25 de junio, en representación de las organizaciones del campo CONSUCC y AMIDA Guanajuato, tuvimos a bien entregar en las oficinas de la Gobernadora del Estado, Mtra. Libia Denisse García Muñoz Ledo, un oficio mediante el cual expresamos nuestras reflexiones y propuestas en torno a la situación actual del campo guanajuatense.

Estas propuestas, elaboradas desde la perspectiva de nuestras organizaciones sociales y productivas, buscan ser consideradas estratégicamente en las mesas de trabajo interinstitucionales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo agrícola del estado y responder de manera oportuna a los retos que enfrenta el sector rural.

En este sentido, exhortamos respetuosamente al Gobierno del Estado para que, en el marco de sus facultades, promueva ante el Gobierno Federal —particularmente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público— la gestión de un presupuesto adicional suficiente que permita la implementación efectiva de un programa de precios de garantía para granos básicos, especialmente para el maíz.

Asimismo, proponemos que se analice y valore la pertinencia de establecer mecanismos que regulen la importación de granos, con el fin de evitar distorsiones en el mercado nacional y proteger la producción local.

Para alcanzar estos objetivos, consideramos fundamental la instalación de mesas de diálogo con la participación activa de los productores, sus organizaciones y los tres órdenes de gobierno, a fin de diseñar e instrumentar políticas públicas coordinadas y eficaces.

Particularmente, hacemos énfasis en la necesidad de garantizar un precio justo y rentable para la cosecha de maíz, cuya recolección está prevista para iniciar en septiembre próximo. De acuerdo con las proyecciones actuales, se espera una producción cercana a los 2 millones de toneladas, cifra que reviste gran importancia económica y social para el estado.

Reiteramos nuestra disposición para colaborar de manera proactiva y constructiva en este esfuerzo conjunto por el bienestar del campo guanajuatense.

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