Doble o Nada.

José Luis Ramírez

El ciudadano Mendoza Márquez ya no gobierna el municipio, y Jorge Gámez lo hace mal, muy mal, a pesar de su intención, y afán de ser el próximo presidente municipal.

La posición privilegiada de Secretario de Ayuntamiento, le fue entregada sin contar con la menor experiencia, a pesar de ser muy importante para cuidar la operación política dentro y fuera del Ayuntamiento, y fue acompañada de otras dos muy importantes: la Coordinación de Delegados rurales, y la Coordinación de los Comités Rurales de Agua. Un escenario único para colocarlo en el centro de la mirada ciudadana con vistas a la elección del 2024.

Pero no todo ha sido verano para el ciudadano Jorge Gámez. Veamos. Su inexperiencia lo llevo a incumplir con la renovación total de las delegaciones municipales, casi una cuarta parte no se cubrieron. Y en Juan Martín, no se concretó, por el contrario, se encendió la llama del crimen. A la fecha, aún hay comunidades sin la figura real de delegado. En San Miguel Octopan perdió la delegación con Morena; en Tamayo se reeligió a Ramiro Arreguín, pero se dio continuidad a la violencia en la comunidad más poblada de Celaya. El afán de ganar y no perder votos fue más importante que la seguridad de los Tamayenses.

Como lo mencionaba, Jorge Gámez también es coordinador de los Delegados de las comunidades, en quienes tradicionalmente descansa el acarreo para eventos, y la compra, o presión para obtener votos a cambio de los «apoyos sociales». Aquí se ha topado con pared, primero porque esa estructura la ha creado el Pan durante muchos años, y varios de los aspirantes a la presidencia la cuidan como hueso santo, entre ellos, Paulo Bañuelos Rosales, actual secretario de la SDAyR. Otros panistas de viejo cuño, asumen su derecho sobre ella, y no ven con buenos ojos al «independiente» que pretende apropiarse de su trabajo. Hoy esa estructura de delegados Rurales, se divide entre los grupos del Pan, y Morena.

En la Coordinación de los Comités de Agua Rurales, su actuación no ha aportado nada positivo, los pozos de las comunidades rurales están igual o peor. Debo decirle que ni siquiera tiene el control de la calidad de agua que suministran, a confesión oficial, no cuenta con la batería de análisis de acuerdo con la norma 127 de la SSA, que deben realizarse de forma periódica. Cloran el agua, en el mejor de los casos, pero omiten los riesgos de metales pesados que existen en los pozos de toda la zona nororiente. No ha hecho nada por la salud de los habitantes, salvo fortalecer su acuerdo político con la presidente de la Comisión de Agua del Ayuntamiento, Isabel Herrejón, y con Roberto Castañeda, director de Jumapa.

La pelea interna de Gámez por la presidencia municipal, lo ha empujado -con el beneplácito de Ismael Pérez y con el disimulo del ciudadano Mendoza- a hacer equipo con el experimentado Diputado Local, Martín López y su alfil, en la Oficialía Mayor, desde donde filtran y eligen al futuro equipo electoral. Eso también lo ha enfrentado con el «cardenista» e “Independiente”, Paco Arreguín, que aspira y piensa que tiene más derecho de antigüedad para ser el próximo alcalde. Este último, cuenta con los apoyos sociales de su cargo, en la dirección de Desarrollo Social, pero las intrigas y los acuerdos políticos con el Pan, los teje Gámez y sus aliados.

Recordemos que por la oficina de Gámez pasan todos los enredos y desenredos políticos, y los tropiezos de la administración. Por su oficina desfiló el asunto de los pepenadores, y el negocio fallido y ahora encubierto de los materiales de reúso o reciclables, que hasta el día de hoy está detenido con chicle, y puede explotar en cualquier momento.

Pasó igual con el desorden del transporte público, a pesar de contar con otra bolsa de regalo -ahora por cinco millones- para que los transportistas mejorarán su administración, y con ello su servicio, pero ni así pudo coordinarlos y ponerlos de acuerdo. Van más de seis años desde que se les regaló los primeros 15 millones de pesos a los comerciantes del transporte, y a pesar de eso, no hay quién y qué, los ponga en orden. Claro, vendrán más millones de los contribuyentes para engordar el acuerdo y el conflicto, pero por lo pronto al Secretario del Ayuntamiento no lo consideran con la talla para hacer respetar el Reglamento de Transporte.

En abril del año pasado, bajo la presión de los medios de comunicación, el ciudadano Mendoza Márquez prometió resolver la contaminación de los pozos de agua de las comunidades rurales, y afirmó que lo haría con el apoyo de Jumapa. Jorge Gámez, quien, tiene la responsabilidad de “Coordinar el desarrollo y buen funcionamiento de cada uno de los Comités Rurales instalados en el Municipio”, dejó pasar la encomienda. Y en cuanto a obras priorizadas ya enlistadas, y con suficiencia presupuestaria, desde el año 2021, para ejecutarse en el 2022 las omitió. Esto último, deja de lado, el trabajo de la planeación municipal en COPLADEM, la ley de ingresos y egresos, el Reglamento de los Comités de Agua, los dictámenes de las Comisiones de Agua, de Hacienda, y todo por maquinar su candidatura.

En esta sarta de enredos y errores se enfila lo sucedido en Rincón de Tamayo. De acuerdo con el Reglamento, Sección Octava, que habla sobre la Extinción de los Comités Rurales, el Artículo 47 señala: El Ayuntamiento… podrá convocar a la Asamblea General para la designación de un nuevo Consejo de Administración, declarando concluidas las funciones del Comité Rural que hasta ese momento prestaba los servicios. En el caso de que la Asamblea General no permita la designación, el Ayuntamiento podrá intervenir el Sistema Rural, para garantizar el abasto del servicio, en tanto se resuelven las controversias.

Igualmente, el Artículo 48, señala que “se consideran causas de conclusión de las actividades del Comité Rural: “La incapacidad del Comité Rural, para hacer frente a los pagos por concepto de energía eléctrica, sueldos y salarios y demás material que se requiera para la prestación del servicio; y “cuando existan conflictos entre los diferentes usuarios del Sistema de Agua Rural, que haga imposible la Constitución o el funcionamiento del Consejo de Administración”. Y señala el procedimiento:“en este último caso, el Ayuntamiento a través de la Comisión del Agua intervendrá para buscar la resolución de los conflictos que se generen y para proteger el patrimonio Municipal con que cuente el Comité Rural.

En principio nunca convocó a la Asamblea General pasando por alto el Reglamento, como si fuera una receta de cocina, lo demás, ya es un atropello a la Ley de participación ciudadana, porque no buscó que se resolvieran las controversias, ni intervino para la resolución de los conflictos, por el contrario, desalentó la participación ciudadana, y atizó el enfrentamiento y la división de la población como lo vimos en las protestas. Pero estos hechos van más allá.

De manera atropellada usó a la Comisión del Ayuntamiento de Agua potable para la realización de un dictamen que no estaba fundado ni motivado con elementos técnicos, sociales, económicos, es decir con un sustento científico, me refiero a datos duros sobre la problemática que venía arrastrando el Comité de Agua Rural de Tamayo, en donde el principal responsable de las irregularidades era el mismo Jorge Gámez.

El análisis de la situación del conflicto del suministro de agua y el dictamen en la Comisión, se llevó a cabo en 20 minutos, en una sesión extraordinaria, el único punto a tratar fue: Análisis y en su caso aprobación de la extinción del Comité Rural de la Comunidad de Rincón de Tamayo, y de la incorporación y adhesión del Sistema de agua potable de la comunidad de Rincón de Tamayo, a JUMAPA de Celaya (Carácter privado). Lo firman Isabel Herrejón, y Carlos Ruiz –ambos del Pan-, Presidente y Secretario respectivamente de la Comisión de agua potable, alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales.

Después de aprobado el dictamen, lo llevan a una sesión plenaria del Ayuntamiento, otra vez, extraordinaria, y como único punto lo resuelven en un alzar de manos, con excepción de los regidores de Morena. Para continuar en la línea de lo aprobado, tocaré el segundo punto, la incorporación a la Jumapa.

En principio, la JUMAPA es un organismo descentralizado, la Ley de Ingresos, señala en el Artículo 14, “que la contraprestación correspondiente a los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, se causará y liquidará mensualmente, de acuerdo con criterios específicos, para ello requiere en principio, tener la infraestructura para prestar y cobrar el servicio”. A manera de ejemplo simple, en Rincón de Tamayo, debiera contar con los medidores de agua; tener los criterios para el cobro según la zonificación, porque no todos los usuarios pagan igual, y además de un diagnóstico técnico muy puntual, y el fundamental garantizar la inocuidad del agua previo análisis de la calidad del agua de acuerdo a la Norma 127 de la SSA, que repito, nunca hizo Jorge Gámez, según la respuesta dada a través de la Unidad de Transparencia.

Y sobran preguntas: ¿cómo cobraría el drenaje, y el alcantarillado Jumapa, si no tiene un análisis de que zonas carecen de ello, o qué zonas lo tienen colapsado? En relación con el tratamiento y disposición de las aguas residuales, con qué criterio lo cobrará si carece de plantas de tratamiento de aguas residuales, y en dónde las depositará. Si continuara con el criterio de pagar derechos a la manera tradicional por verter el agua sin tratar a los cauces federales, eso supondría una diferenciación en el costo. Le puedo asegurar que hay una larga lista de situaciones irregulares que nunca se analizaron y que pasan por alto a las leyes en la materia.

Para dejar más claro el asunto, la JUMAPA tiene su propia administración, y descansa en un Consejo de Administración que analiza previamente cualquier gasto, o inversión, y lo aprueba o desaprueba en función de su presupuesto, que previamente se aprobó por el Congreso del Estado, y que está contemplado en la Ley de Ingresos. Así que incorporar a su gestión el Sistema de Agua de una población de más de 15 mil habitantes como la de Rincón de Tamayo, exige en principio un análisis muy responsable de su capacidad de gasto o inversión, así como su recuperación, pero, además, debe ser inscrito en el marco de la Ley de Ingresos, y en su presupuesto de egresos. Y el punto central, de esto, el Ayuntamiento no puede incorporarle a Jumapa, una carga que está por encima de la Ley, y de su propia autonomía administrativa, y mucho menos cuando atropella los cauces correctos para su incorporación.

En función de este último razonamiento, la incorporación –aclaro, no existe la figura jurídica de “adhesión”, eso es un chiste, y como no existe, no hay hecho jurídico-, debió ser analizada y en su caso aprobada por su Órgano de Gobierno, el Consejo Directivo, tal como lo señala el artículo 152, que a la letra dice: la administración de los organismos descentralizados estará a cargo de un órgano de gobierno, que será un consejo directivo o su equivalente”. Y para finalizar, le comento, el Consejo de Administración de Jumapa, no ha sesionado ni aprobado la “Incorporación y adhesión del Sistema de agua potable de la Comunidad de Rincón de Tamayo”, claro pueden gastar el dinero en la “incorporación”, que por cierto es de los usuarios de la zona urbana de Celaya, y que debe destinarse para el mejoramiento del servicio que reciben, pero eso no significa que sea lo correcto.

Además de lo anterior, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, señala en el Articulo 7, que, los sujetos de la Ley, para optimizar sus recursos, deberán planear, programar y presupuestar sus actividades con honestidad, claridad y transparencia con sujeción a los planes, programas y bases que elaboren para tal efecto, de conformidad con las leyes de la materia. Eso no existe, ni lo presentaron, porque en su presupuesto de egresos del 2022, y 2023 no está contemplado. Pero tampoco está contemplado en el Programa Municipal de Desarrollo 2021-2024, y tampoco en el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2040. No hay planeación, programa y presupuesto para este acto, que a decir de ellos alcanzará una inversión de más de 200 millones de pesos, y que por ahora tendrá un costo de 6 millones de pesos. Este apresuramiento, y atropello después de lo mencionado deja serias dudas y sospechas de la verdadera intención de Jumapizar a Rincón de Tamayo. Y la pregunta obvia, ¿Por qué no se contempló a San Juan de la Vega, San Miguel Octopan, Jauregui, Tenería del Santuario, Plancarte, o la remediación de las potabilizadoras de Santa Rita y la Herradura? Porque allí también beben veneno.

Así que lo ocurrido en Rincón de Tamayo es un verdadero enredo de los que suele hacer el ciudadano Jorge Gámez, en ese afán de conseguir la candidatura para la presidencia municipal, a costa de lo que sea. Por eso, lo único que se puede pensar es que la ambición le fundió el seso. El ciudadano Mendoza Márquez, ya cobra su quincena sin hacer nada, y su secretario Jorge Medellín ocupa su tiempo para tejer fino, como suele hacerlo desde bambalinas ¡Así las cosas!

REVOLCADERO.

Dicen los enterados que la urgencia de controlar los 4 pozos de agua de Rincón de Tamayo, es para garantizar que la urbanización que se realizará en el entorno del Puerto Interior 2, cuyo núcleo abarca 500 hectáreas –compradas y revendidas por el Club de Toby- tengan garantizado el elemento más importante:  el agua. El viejo truco aparece de nuevo.