Guanajuato, Gto. – A propuesta del Grupo Parlamentario del PAN y de la representación Parlamentaria del PRD, el Congreso del Estado de Guanajuato exhortó al Gobierno Federal a eliminar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicable al aguinaldo de las y los trabajadores.

Al realizar su exposición de motivos, el diputado Salvador Tovar señaló que el aguinaldo es una de las prestaciones más importantes del derecho laboral mexicano y que una de sus finalidades es reconocer el esfuerzo que las y los trabajadores, así como ayudarles a cubrir los gastos propios de fin de año.

Sin embargo, señaló, buena parte de las personas trabajadoras destinan estos montos a cubrir deudas o cubrir gastos inmediatos. Esto se debe en buena parte a la retención del ISRl, la cual reduce significativamente el valor real de la prestación.

“En los hogares mexicanos no sobra el dinero, y cada peso cuenta. Es en esos momentos cuando el gobierno debería estar del lado de la gente, no volteando hacia otro lado”, expuso.

El legislador subrayó que, en el actual contexto de desaceleración económica, permitir que las y los trabajadores reciban su aguinaldo íntegro sería una medida de justicia social y económica que fortalecería el poder adquisitivo de las familias, reactivaría el consumo interno e incentivaría el ahorro.

“Creemos firmemente que, en tiempos difíciles, el gobierno debe dar pasos para aliviar la presión sobre las familias, no para aumentarla. Dejar el aguinaldo íntegro en los bolsillos de las y los trabajadores es una medida justa y que puede ayudar a miles de hogares a cerrar el año con dignidad”, finalizó.

Guanajuato, Gto. –  En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se dio cuenta de ocho iniciativas y se aprobaron sus metodologías de análisis.

Se trata de la propuesta para modificar la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado, con el objetivo de armonizar la normatividad estatal con la reciente reforma a la Ley General en la materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Para su estudio se remitirá al Poder Judicial, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Derechos Humanos, a las comisiones estatales de Búsqueda de Personas y de Víctimas, a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y a los 46 ayuntamientos.

La diputada Rocío Cervantes Barba propuso que también se consultara a los Colectivos de Búsqueda registrados, al Colegio Estatal de Abogados del Estado y a las universidades del Estado con mayor matriculado en Licenciatura de Derecho.

La segunda plantea cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, a fin de regular el uso de la Inteligencia Artificial en la elaboración de propuestas legales, y para su estudio se remitirá al Instituto de Investigaciones Legislativas.

La tercera propone ajustes a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios con la finalidad de incorporar disposiciones de la “Ley Silla” para proteger la salud de las personas trabajadoras del servicio público. Esta se enviará al Poder Judicial, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Derechos Humanos, a los organismos autónomos reconocidos por la Constitución y por la ley y a los 46 ayuntamientos; así como al Instituto de Investigaciones Legislativas.

La cuarta pretende reformar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y eliminar el párrafo que señala que para los efectos de la Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Para su análisis se enviará al Poder Judicial, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Secretaría de las Mujeres, a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. Además, se enviará al Instituto de Investigaciones Legislativas.

La quinta propone cambios a la Constitución Política estatal cuyo objeto versa en que toda concesión pública municipal y estatal para el diseño, construcción, conservación, operación, uso, explotación, mantenimiento o aprovechamiento de infraestructura pública o sobre el uso de bienes inmuebles, cuya vigencia se pretende que exceda el periodo de la administración en funciones, sea sometida a consideración y posterior aprobación del Congreso del Estado de Guanajuato.

Se enviará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Obra Pública; así como al Instituto de Investigaciones Legislativas, a efecto de que emita un análisis de la iniciativa.

La sexta busca modificar la Constitución Política estatal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo con el objeto de prever la comparecencia de personas titulares de los organismos autónomos. Se enviará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a la Auditoría Superior del Estado, a la Fiscalía Superior del Estado, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al Tribunal de Justicia Administrativa.

También, a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas para que emita un análisis de impacto presupuestal.

La penúltima busca reformar la Constitución Política local en materia del derecho a la protección de la unidad familiar de las personas migrantes, y se enviará a la Consejería Jurídica, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Secretaría de las Mujeres, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a asociaciones o clubes de personas migrantes que se tenga registro. Además, a través de la Secretaría General, se generará el proceso de consulta a grupos vulnerables.

La última propone crear la Ley de Revocación de Mandato y se remitirá a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a la Secretaría de Gobierno, al Tribunal Estatal Electoral, al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y a los 46 ayuntamientos.

Todos los entes consultados contarán con 20 días hábiles para remitir sus comentarios y observaciones; el mismo periodo estará habilitado un enlace en la página web del Congreso del Estado, para consulta y aportaciones ciudadanas, y se llevarán a cabo mesas de trabajo.

Además, se dio seguimiento a la invitación formulada a niñas, niños y adolescentes para participar en la consulta de las iniciativas de reforma a la Ley de Víctimas del Estado, a fin de reforzar las medidas de reparación integral del daño, la restitución de derechos y la atención de niñas, niños y adolescentes hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, homicidio y desaparición; a la Constitución Política estatal para reconocer el derecho humano a una vida digna para todas las personas que realizan trabajos de cuidado, para quienes reciben cuidados y para el autocuidado y en materia de división sexual del trabajo y derechos de todas las personas que requieren de cuidados y así como de aquellas que otorgan cuidados.

Se informó que será el viernes 24 de octubre de 2025 a las 10:00 horas que se llevará a cabo el ejercicio de consulta en el vestíbulo principal de las instalaciones del Congreso del Estado.

Finalmente, se discutió el dictamen de la denuncia suscrita por el ciudadano Ricardo Gómez Escalante, mediante la cual ratifica la solicitud de revocación de mandato de la presidenta municipal de Irapuato.

Al respecto, la diputada María Eugenia García Oliveros manifestó que de las pruebas presentadas se obtienen datos suficientes para la aprobación de la denuncia y acreditar el proceso de revocación de mandato.

Añadió que incluso personas diputadas de la legislatura expusieron esas acciones, por lo que consideró que el Congreso tiene que tomar en serio el proceso y dar la denuncia por atendible para que se proceda conforme a la ley, porque el asunto no era un tema menor, por lo que externó que su voto era en contra del dictamen.

En su oportunidad, el congresista Sergio Alejandro Contreras Guerrero consideró que no se debe desechar la denuncia y debe dársele entrada, porque había elementos suficientes para una investigación, ya que había testimonios de compañeros de la legislatura que dejaron en claro las acciones que se llevaron a cabo en Irapuato en un proceso interno, en donde se utilizaron recursos públicos.

Por su parte, el congresista Juan Carlos Romero Hicks comentó que en derecho se requieren tres ingredientes: tener la razón, saber acreditarla y que sea reconocida como tal, por lo que indicó que en lo que a ellos se refiere, más allá de los comentarios que cada uno tuviera, lo aportado no reunía los requisitos jurídicos de idoneidad y de eficacia.

El dictamen no fue aprobado.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros, María Isabel Ortiz Mantilla, Susana Bermúdez Cano y Rocío Cervantes Barba; así como los diputados Juan Carlos Romero Hicks (presidente), Sergio Alejandro Contreras Guerrero y Rodrigo González Zaragoza.

Guanajuato.- La diputada Itzel Mendo presentó hoy denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG). No se trata de un diferendo retórico ni de una polémica pasajera: la denuncia documenta agresiones simbólicas y expresiones denigrantes que exceden por completo los límites del debate democrático y lesionan la investidura del cargo, el decoro del recinto y el libre desempeño de la representación popular.

Durante sesión del Congreso del 5 de junio de 2025, en el momento de la deliberación y el ejercicio del voto, la legisladora fue objeto de una acción violenta por parte de una mujer legisladora que se dice defensora de los derechos de las mujeres, causando con ello un descrédito público: le arrojó billetes acompañados de una frase que pretendía manchar su honor y deslegitimar su palabra.

Este acto simbólico y humillante no solo buscó anular su posición política, sino convertirla en escarnio; además, detonó una replicación hostil en medios y redes, escalando la agresión más allá del pleno e impactando su entorno laboral inmediato. Todo ello está integrado como hecho y prueba en el escrito de denuncia.

La vía elegida es el procedimiento especial sancionador, con pruebas documentales y técnicas para acreditar tiempo, modo y lugar de los hechos; se solicita la actuación inmediata con perspectiva de género, para restablecer las condiciones mínimas de respeto y garantizar que el debate siga siendo debate, no humillación.

Porque el orden parlamentario no es un formalismo: es la garantía de que las decisiones públicas se toman con respeto, honor y legalidad. Cuando se normaliza el agravio, pierde el Congreso y pierde la sociedad, que espera de sus representantes altura de miras y temple institucional. La política debe volver a su cauce: ideas firmes, trato digno, palabra responsable.

“Defender la función parlamentaria es defender el derecho de cada mujer a participar sin miedo. No pedimos privilegios: exigimos respeto. El disenso se honra con argumentos, no con humillaciones, busco que se reafirme que la inviolabilidad parlamentaria protege las ideas, no actos degradantes”

La VPG no es debate, es daño institucional. Hoy se presentó denuncia para restablecer el respeto al Congreso y garantizar que las mujeres ejerzan su cargo sin hostigamiento ni humillaciones.